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1 La censura de este deseo y de
sus implicaciones educativas, como si fuera algo irrelevante, está en
la raíz de la situación de “emergencia educativa” que
sufre nuestro país. Las cifras de fracaso escolar o la disminución
de los niveles de conocimiento son ciertamente preocupantes. Pero no
menos inquietante resulta que en las familias y en los colegios, también
en los que se obtienen buenos resultados académicos y se habla
de valores, no se consiga despertar el interés de los jóvenes
por las materias que estudian y, lo que es más grave, por su
propio destino. Se quedan así a merced de cualquier tipo de
poder y del tedio. “Las crisis de la enseñanza –escribía
el pensador francés Charles Péguy- no son crisis de enseñanza,
son crisis de vida. Una sociedad que no enseña es una sociedad
que no se ama, que no se valora; justo el caso de la sociedad moderna” Miles de estudiantes de secundaria
han comenzado a cursar esta asignatura, mediante la cual el Estado
busca apropiarse de la formación de las conciencias. La supuesta
neutralidad de la asignatura, tan proclamada por el Gobierno y sus
mentores ideológicos, salta por los aires en cuanto se comprueba
que pretende responder a las preguntas sobre el significado de la vida,
sobre el bien y el mal, sobre el camino de la felicidad personal y
sobre la justicia en las relaciones humanas. Los mismos que teorizan
la radical separación entre el ámbito público
y el privado, para expulsar la religión de la vida social, aparecen
ahora invadiendo desde la esfera estatal lo más íntimo
de las conciencias. Los poderes públicos,
por mandato constitucional, deben garantizar el derecho que asiste
a los padres para que sus hijos reciban una formación moral
y religiosa acorde con sus propias convicciones, tanto en la enseñanza
estatal como en la de iniciativa social. La implantación de
la Educación para la ciudadanía vulnera ese
derecho y debe ser. rechazada. La mejor manera de defender la
libertad de educación es ejercerla. Fomentar experiencias educativas
enriquece nuestra democracia. La laicidad del Estado se mide por su
estima hacia las iniciativas que nacen de individuos y grupos sociales
concretos, y muy especialmente hacia la libertad de educación. TIEMPO DE EDUCAR |
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